Sin embargo la relación entre corrupción estatal y narcotráfico no es fácil de establecer. Porque si adaptarse a las reglas de la globalización implica facilitar el intercambio comercial y levantar los controles sobre el tránsito de mercaderías, no es necesaria la complicidad estatal para circular con mercaderías ilegales que serán poco controladas porque los procedimientos han sido levantados. La corrupción aparece sólo en redes ilegales que carecen de una estructura adaptada a los mecanismos comerciales de la globalización y deben explotar las posibilidades de corrupción institucional de cada caso puntual. La globalización es un criterio de expansión capitalista opuesto a la corrupción: si la globalización permite el libre tránsito para qué pagar tributos ilegales por dicho tránsito.
Si aceptamos que la globalización implica un debilitamiento del Estado y de su capacidad de control sobre determinadas actividades económicas que hasta entonces estaban bajo la soberanía estatal, esto significa que el desarrollo de estas actividades, ahora con un carácter global, solo es posible a expensas de los atributos de soberanía de los Estados nacionales. En el caso de la actividad aeroportuaria, por ejemplo, la política de cielos abiertos disminuyó el rol del Estado en el establecimiento y control de la política aerocomercial y en el poder de policía sobre las estaciones aéreas. Las políticas recaudatorias aumentaron su importancia en detrimento de las políticas de control de mercancías. Así podemos explicar que la antigua Administración Nacional de Aduanas, un ente autárquico, se transformara en la actual Dirección Nacional de Aduanas, dentro de la órbita de la AFIP, el organismo recaudador del gobierno nacional argentino, perdiendo así su carácter de control para acentuar su carácter impositivo.
Por lo tanto es contradictorio reclamar porque el Estado fracasa en el cumplimiento de la ley cuando se asiste a la comprobación empírica de que carece de las herramientas para hacerlo. La ley, cuyo cumplimiento se exige, acepta la disminución de las capacidades y de los mecanismos de control que tradicionalmente ostentaba el Estado para llevar adelante sus prerrogativas soberanas, entre las que ocupaba un lugar principal el control sobre el territorio, las personas y las mercancías.
En este contexto es que debe hacerse la pregunta sobre si las fronteras nacionales son tan porosas como para que el contrabando de drogas pueda realizarse fácilmente. Esta porosidad, de ser tal, cuestiona la honestidad de los funcionarios y la eficiencia de las instituciones encargadas del control de las fronteras. Pero gran parte de esta porosidad está establecida jurídicamente, y lo que es más importante aún, socialmente.
El decreto 62/99, que aprobó el Plan Estratégico de la AFIP, estableció dos objetivos fundamentales: hacer cumplir las leyes y normas tributarias y promover el “cumplimiento voluntario de las mencionadas normas en el mayor grado posible”.
Estos objetivos expresan una inclinación por una visión recaudatoria, cuyas obligaciones pretenden ser impuestas mediante el “cumplimiento voluntario”, dando escaso valor a los aspectos delictivos que puedan estar vinculados a la actividad comercial internacional. Este acento fiscal queda mejor expresado en el punto II, donde se refiere a las misiones específicas de la AFIP: a. Aplicación, percepción y fiscalización de tributos y
b. Control del tráfico internacional de mercaderías (clasificación arancelaria).
El Decreto 62/99 afirma que el nacimiento de la AFIP suponía “la fusión de la DGI (tributos interiores) y la ANA (tributos exteriores y control del comercio internacional)”, resuelta por los decretos 1156/96 y 1589/96.
Sostiene que “los impuestos interiores comienzan a regir en el período de fuerte desarrollo del país a fin del siglo pasado. Se trata de impuestos específicos sobre distintos productos que, por contraste con los impuestos ‘externos’ recaudados por la Aduana, se denominan hasta hoy con la equívoca expresión de impuestos ‘internos’ ”.
En un momento en que la Aduana se encontraba sometida a un “intenso proceso de investigación y de crítica social” la evolución del comercio exterior argentino registró un aumento en 6 veces de las importaciones “que son las que más requieren del servicio aduanero”. En este contexto de crisis institucional aduanera y fuerte incremento comercial importador (de 4.077 millones de dólares en 1990 a 23.762 millones de dólares en 1996).
Ante este crecimiento del mercado argentino Estados Unidos mostró su preocupación para que nuestro país implementara una serie de políticas. Mientras Estados Unidos buscaba tapar la salida de droga hacia su país, la Argentina estaba más preocupada por el ingreso desde los países vecinos ya que ha dejado de ser un simple país de tránsito y se ha convertido en un país de consumo.
Las advertencias norteamericanas respecto a la lucha contra el narcotráfico mencionan el tráfico de heroína colombiana desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Miami y Nueva York. Algunas terminales portuarias también son punto de partida para la droga que se comercializa en Europa.
Las agencias de inteligencia puntualizaron que nuestro territorio se ha convertido en refugio de líderes o familiares de los carteles mexicanos.
Empezando desde atrás, en 1989 los gobiernos de Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación contra el narcotráfico, el cual ha sido implementado anualmente a través de una serie de memorándums de entendimiento. Desde ese año, los Estados Unidos asistieron a la Argentina con 2.9 millones de dólares destinados a la lucha contra el narcotráfico. En 2004 esa cifra fue de 2.7 millones de dólares. Por otro lado el personal de la DEA también se incrementó, aunque levemente y por un breve período.
El Departamento de Estado, en su Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2005, informó que “las operaciones de interceptación fueron notablemente exitosas en la región del Hemisferio Occidental en el 2004”. Para la Drug Enforcement Agency (DEA), “la Argentina aún no es un punto neurálgico para el tráfico de drogas producidas en los países andinos (...), pero sí figura entre nuestros puntos de preocupación (...) El mayor volumen de transporte de drogas desde la Argentina es vía los contenedores que pasan por el sistema portuario marítimo (...) La situación (...) se encuentra en un punto crucial (...) ya que el paso de drogas colombianas incrementó mucho su presencia en todos los aspectos del comercio de narcóticos desde la Argentina”.
En el marco de una coordinación entre ambos gobiernos que habría sido “excelente” durante el año 2004 se anunció que agentes de la Aduana de los Estados Unidos colaborarían en el control del Puerto de Buenos Aires.
En cuanto al marco institucional, vale destacar que la Argentina no sólo adhirió a la Convención de las Naciones Unidas de 1988, sino que ya había suscripto también a la Convención de 1961 y su protocolo de 1972 y la Convención de sustancias psicotrópicas de 1971. Así, en 1989 el Congreso aprobó la Ley Nº 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes, de acuerdo a las pautas establecidas en Viena el año anterior. Pero los artículos referidos al lavado de dinero fueron vetados por el entonces presidente Menem. En 1991 se puso en marcha el Plan Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Drogas y en junio de 1996, se firmó un Decreto por el cual se establece un nuevo Plan Federal, diseñado para coordinar los esfuerzos antinarcóticos del gobierno federal y los gobiernos provinciales.
El gobierno argentino participa también activamente en distintas organizaciones antinarcóticos multilaterales. Es miembro de la Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas (OEA-CICAD), de la International Drug Enforcement Conference (IDEC) y de la UNDCP.
También es uno de los signatarios del memorándum de entendimiento con la UNDCP, cuyo propósito es desarrollar un Programa subregional de Control de Drogas con Bolivia, Chile y Perú. La Argentina ha organizado muchos de los encuentros de dichas organizaciones. La instrumentación de la Aduana segura en el año 2007, con la incorporación de escáneres para contenedores en el puerto de Buenos Aires, es un buen ejemplo de la complementariedad positiva entre la globalización y el sitio nacional. Durante el gobierno del presidente Kirchner las leyes sobre lavado de dinero y contra el terrorismo fueron aprobadas por el Congreso nacional, dando razón al doble andarivel de política exterior del gobierno argentino: rebeldía económica y cooperación política.
